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Superior Tribunal:Organizaciones reclaman una juez con perspectiva de género

justicia y generoOrganizaciones sociales del noreste de Chubut cuestionan la propuesta de la doctora Mercedes García Blanco como ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

La Cátedra Libre de Sexualidad, Género y Derechos Humanos de la Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)  y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) presentaron  ante el presidente de la Legislatura Mariano Arcioni, un escrito  con observaciones a la propuesta de la doctora Mercedes García Blanco, como ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Acompañaba la presentación un pliego de preguntas para ser formuladas a la magistrada en la audiencia pública a celebrarse próximamente.  

La presentación se realizó el 26 de diciembre y expresa qus “ante los hechos que cada vez más exponen a las mujeres a femicidios y feminicidios, necesitamos magistradas /os con perspectiva de género, repudio social a los violentos y protección y acompañamiento real y efectivo  de la/s victima/s”.

Argumentos
 Las organizaciones dejaron sentado que el objetivo  de equitativa participación de las mujeres en  el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia  va indefectiblemente de la mano con la exigencia de todas aquellas personas (ya sea mujeres o varones) que sean propuestas para integrar ese órgano, tengan un claro compromiso con la igualdad de género y con los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, reclamaron que se subsane la histórica exclusión de las mujeres en el máximo órgano de la justicia de la provincia, pero aclararon que : “ …sabemos que aunque la inserción femenina en los puestos de decisión judicial es importante desde el punto de vista de la legitimidad democrática y de la representatividad, es fundamental garantizar la incorporación de una mirada que tome en cuenta la situación de subordinación de la mujer en la sociedad. De lo que se trata es de aumentar la presencia de juezas con perspectiva de género: juezas que, a partir de una mayor identificación con los temas/ problemas de las mujeres, sean capaces de considerar en sus fallos el lugar de subordinación femenino dentro de la estructura de poder en las sociedades actuales, y cómo este lugar condiciona las realidades de vida de las mujeres. “

Sentencias polémicas
Luego de estas consideraciones generales, las observaciones apuntaron a una sentencia en donde la magistrada como integrante de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, confirmó la decisión de la jueza de primera instancia que había denegado un pedido de protección en un caso de violencia de género. La presentación señala que la magistrada,  aspirante al máximo cargo de justicia de la provincia, demostró total desconocimiento de la normativa vigente en tanto la sentencia “…..no resulta compatible con los estándares internacionales de derechos humanos y, con mayor especificidad, con el principio de no discriminación y el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Al no aplicar el marco jurídico integrado por las normas contenidas en la Constitución nacional, la Convención Belem Do Para y el recogido por la ley 26.485, puso en riesgo la integridad física y la vida de la accionada y la responsabilidad del estado Argentino de garantizar a las mujeres una vida libre de discriminación y de violencia “ 

En las consideraciones finales, aclaran que no se trata de un cuestionamiento a una interpretación del derecho, sino una observación que “responde a la necesidad de preservar los principios democráticos de un estado de derecho frente al peligro de nombrar como garante de los principios constitucionales y los derechos humanos a una persona que los desconoce o le son indiferentes”.
Piden que las observaciones sean tenidas en cuenta y manifiestan su preocupación ante la posibilidad de que con la incorporación de García Blanco  se concrete un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres  y que las obligaciones internacionales a las que el estado argentino se ha comprometido a cumplir se vean afectadas.

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