Jueza de Río Grande suspende indagatorias de militares que torturaron a soldados argentinos, durante la Guerra de Malvinas.
La medida motivó el repudio de las querellas por la decisión que sigue consolidando la impunidad.
La doctora Mariel Borruto, jueza federal de Río Grande, resolvió suspender las indagatorias que estaban anunciadas y confirmadas públicamente para los 18 militares acusados por torturas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas. El argumento tiene que ver con la “supuesta falta de espacio y de medios para llevar adelante la indagatoria”.
En el escrito también plantea “teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra este Juzgado Federal cuya titularidad asumí el pasado día 8 de mayo, para afrontar la actividad que supone el llamado a indagatoria….. entiendo que corresponde analizar la viabilidad de llevar adelante dichas audiencias en los días y horas fijadas ”, entre otros conceptos.
Desde el CECIM La Plata se expresó: «Rechazamos la decisión de la jueza ya que este nuevo retraso en el llamado a indagatoria, que no ha fijado fecha certera posible, no garantiza el derecho al acceso a la justicia y convalida la impunidad, cada día que se dilata llegar a la instancia de un juicio produce nuevos mecanismos de revictimización o retraumatización de las víctimas y testigos».
EL ESTADO Y LA JUSTICIA
Desde el CECIM se indicó que lo que se esgrime con esta determinación es la manifestación política llevada adelante por el Poder Judicial de la Nación, en este caso en la figura de la jueza Borruto, del «escaso cuidado de aquellos funcionarios que deben intervenir en todo el conjunto de acciones ligadas a los juicios, y que por falta de conocimiento en la materia, pueden llegar a desvirtuar esa función reparadora largamente esperada por las víctimas y testigos, para llegar a constituirse, incluso, en un riesgo de nuevo daño».
En ese marco indicaron que quienes se constituyen en víctimas y testigos de causas vinculadas a delitos de lesa humanidad son personas a quienes el Estado ha violado sus derechos, siendo el Estado el que debe garantizarlos y protegerlos, -agregaron que- «es por ello que esperamos que se revierta la decisión adoptada por la Jueza a cargo del Juzgado Federal de Río Grande en Tierra del Fuego ya que las víctimas no pueden ser tomadas por el Estado por una moneda de cambio».