Mientras el gobierno de Chubut amenaza con la minería los trabajadores del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable dieron a conocer un documento en el que indican que ven «con profunda tristeza la situación del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable dado que, a pesar que se pospuso el año pasado su cambio de rango, no se dieron las condiciones mínimas necesarias para su adecuado funcionamiento».
Indicaron que por más esfuerzo personal que se dedique a las diferentes tareas, controles, trámites, sumarios, propuestas de mejora, proyectos normativos, la materialización de las mismas «no se logra ante diversos obstáculos que se presentan».
LETRA MUERTA
Denunciaron que una «infinidad de informes técnicos, dictámenes o hallazgos de las inspecciones que se transforman en letra muerta de los expedientes porque son ignorados y desatendidos por quienes tienen la responsabilidad de llevar a cabo las acciones de acuerdo a la normativa aplicable y cargos, o el cúmulo de expedientes a analizar, notas y disposiciones a redactar, que sobrepasa con creces el recurso humano disponible».
El Ministerio tiene alrededor de 121 empleados, repartidos en una sede central con asiento en Rawson y tres de delegaciones Comodoro Rivadavia, Trevelin, y Puerto Madryn.
SOBRE EL DERECHO
Estos trabajadores «deben gestionar, regular y controlar más de 7.000 expedientes de proyectos, establecimientos industriales y de servicio, tanto públicos como privados, y sumarios. La superación de la capacidad de trabajo del organismo no sólo es detectada por los trabajadores de la institución si no también por los regulados que sufren la demora en la prosecución de sus trámites», apuntaron.
En este marco se preguntan/nos preguntamos cómo es que los funcionarios actuales, garantizan los preceptos de la Constitución Provincial, en particular el artículo 109, que expresa que «Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano que asegura la dignidad de su vida y su bienestar y el deber de su conservación en defensa del interés común. El Estado preserva la integridad y diversidad natural y cultural del medio, resguarda su equilibrio y garantiza su protección y mejoramiento en pos del desarrollo humano sin comprometer a las generaciones futuras. Dicta legislación destinada a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, impone las sanciones correspondientes y exige la reparación de los daños.”
