La abogada Verónica Heredia indicó que el juez Miguel Caviglia, que interviene en la causa, indicó que las enfermeras y trabajadoras de maestranza cuyos domicilios fueron allanados la semana pasada no estan imputadas en la causa por el robo de vacunas Sputnik V, del Hospital Regional.
La representante legal expuso las irregularidades del procedimiento judicial solicitado por la Fiscalía al juez, ejecutado por la policía de Chubut dependiente del Ministerio de Seguridad de Chubut.
Las trabajadores requieren recuperar sus pertenencias como los teléfonos celulares, que la justicia se niega a entregar y que pretende peritar. La abogada Heredia recuerda que el peritaje no es posible si las trabajadoras de la salud no estan debidamente procesadas en la causa.
Por otro lado recuerda que el ámbito por el robo de vacunas es la Justicia Federal.
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Verónica: Se realizaron quince allanamientos en diferentes domicilios. Algunos eran de familiares, de padres, de trabajadoras del Hospital Regional. De estas quince personas, trece son mujeres relacionadas con la parte de salud y de limpieza del hospital. Obviamente, estamos hablando de las mujeres más precarizadas de todo el sistema de salud, mujeres que en su maternidad son jefes de hogar. Tienen niños y niñas a su cargo. Algunas hicieron denuncias por violencia de abuso sexual contra sus hijas, cuestiones de alimentos. La justicia no les da ninguna respuesta. Sin embargo, ingresaron a sus domicilios, es decir, en el domicilio de sus padres. Les secuestraron los celulares. Un procedimiento violento. En algunos domicilios estuvo hasta el ministro de seguridad presente. La policía preguntándole a los niños y niñas si estaban en algunos de los domicilios, si vivían en esas casas, quienes dormían en algunas habitaciones. Pidiéndole a las mujeres que les digan las claves de acceso a los teléfonos. Todo eso es ilegal, todo eso está muy mal. La violencia que despliega la policía siempre tiene una razón. La razón es que se lo permiten tanto el Ministerio Público Fiscal, como los jueces y juezas. Lo cierto es que estas trece mujeres, algunas (no todas) vinieron a consultarme. En realidad, las escuche por la radio, describiendo la brutalidad del allanamiento. Mujeres que fueron obligadas a desnudarse delante de sus hijos. Hace años que venimos acompañando a personas más vulneradas de este sistema. En general, con las mujeres, son precarizadas. Este caso es emblemático, en ese sentido. Entonces, me acerque para ver cómo estaban. Ahí surgió que no sabían si tenían una causa penal. No tenían abogadas. Entonces, nos presentamos con alguna de ellas ante la justicia. Allí nos encontramos con la respuesta del juez, es quien ordeno los allanamientos. Es quien ordeno los secuestros de los celulares. Nos informa que no había ninguna causa que tengan esas mujeres. Entonces quiere decir que no hay pruebas ni sospechas en su contra pero que tienen secuestrados sus celulares. Y harán pericias sobre esos celulares. Esto, justamente, lo absurdo que demuestra: la violación de todo el sistema jurídico, por un lado, que entren a tu casa, te allanen, te revisan las cosas, qué pasa en tu celular. Hagan una pericia sobre tu celular. Pero en contra vos no tienen nada. Bueno, esto es lo que estamos denunciando en este momento.
Mónica: ¿Quién es el juez?
Verónica: El juez que firmó las órdenes de allanamiento es el doctor Caviglia.
Mónica: ¿Qué están reclamando hoy las mujeres?
Verónica: Las mujeres, para demostrar la grosería de este sistema, lo único que quieren es que les devuelvan sus celulares para poder seguir trabajando; porque en este sistema de emergencia sanitaria, la única manera que se pueden conectar con sus pacientes, la gente que las contrata para poder trabajar. Es a través del celular. El interés de ellas es todo el contacto que tienen en sus celulares para poder trabajar. Luego, que no tienen para poder comprarse otro celular. Esa es la vulneración que tienen estas mujeres. Por eso te digo, del sistema son las más precarizadas, las más vulneradas. Son jefas de hogar. Con eso ellas trabajan. Por eso, primero nos presentamos para preguntar: “¿Qué tienen en mi contra? Me allanaron, me secuestraron el celular”. El juez dice: “nada”. Entonces nosotras decimos: “Si no tenés nada en contra de ellas, entonces devolve el celular para poder seguir trabajando”. Esto es lo que estamos esperando a ver que dicen. Más allá de que entendemos que esta causa es una causa federal. Es decir, que todo el procedimiento que están realizando es incompetente por la cuestión. Hasta ahora, la cuestión de la responsabilidad de los funcionarios. Se ha ido analizando en diferentes lugares de la Argentina. Unos de los planteos, por eso, queremos ver, concretamente cuál es la imputación, de que se trata para poder plantear si va a haber algún proceso en contra de ellas. Debe ser a través de la Justicia Federal ¿Por qué? Porque el bien de que se trata es una vacuna. Esta tiene control específicamente el Jefe de la Nación y el Jefe de Gabinete a través de una aplicación de celular, que tiene control en 24 horas el Presidente, de cada una de las vacunas que fueron compradas. Y que por a través del Estado Nacional, en el marco de una emergencia sanitaria, establecida con protocolos a nivel nacional. Por eso, creemos, si la cuestión es el robo de las vacunas, entonces, eso debería ser de competencia federal.
Mónica: Verónica ¿Te queda algo más para aclarar, comentar?
Verónica: A las mujeres que estamos representando, no les importa que les revisen todo el celular porque no tienen nada que ocultar. Lo único que quieren es que se los devuelvan rápido. Sin embargo, nosotras no podemos permitir que esto suceda porque cuando uno dice: “Yo no soy un delincuente pero me tratan como uno”. Bueno, se presupone que hay un proceso penal, las constituciones, los tratados de derechos humanos; para determinar si una persona es o no delincuente. Establecen reglas claras, que hay que cumplir. Entonces, por eso no importa que una persona diga: “que vean todo lo que tengo en el celular”. Por más que esa persona ofrezca. Esto debe ser realizado en el marco del respeto, las garantías, la constitución y tratados de derechos humanos
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