La mano que golpea, la mano que ordena.
El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, acumula una importante cantidad de denuncias por acciones represivas apoyadas por un aparato publicitario y mediático que legítima este tipo de prácticas. La impunidad lo lleva a pretender ocupar un lugar en el Senado en representación del gobierno de Chubut, liderado por Mariano Arcioni. Una administración signada por el ajuste en educación y salud, a favor del pago de deudas millonarias dolarizadas que no cesaron de pagarse. Esto se traduce en 3 años sin actividad escolar sistemática y continua, jubilados en las calles, y personal de salud atravesando una pandemia inusitada a pulmón con salarios mal pagos.
La situación ocasionalmente ocupa algunos espacios en los medios de comunicación de Buenos Aires. Dos hechos recientes revisten de gravedad las denuncias ampliamente difundidas en los últimos tres años al menos en el territorio provincial. El pasado 11 de junio, Alex Fredes (14) salió a comprar al almacén, en el barrio Inta de la ciudad de Trelew. En el camino, se le cruzaron tres camionetas de la policía provincial, y de una de ellas bajó Massoni. El ministro lo puso contra la pared y le preguntó su apellido. Cuando Alex se lo dio, Massoni comenzó a destilar todo su racismo mediante insultos y le metió una trompada en la cara. No es la primera vez que la familia Fredes sufre hechos represivos. El año pasado, Gabriel (padre de Alex) fue baleado en la cara desde una camioneta de la policía local, mientras cerraba el portón de su casa. Luego de radicar la denuncia, a los pocos días, tres policías entraron a su casa por la noche, maniataron al hombre y a su esposa, también golpearon a sus hijos.
El segundo hecho que tiene en la mira a este funcionario es la muerte violenta de Alejandro Tino John ocurrida el jueves 27 de mayo en Las Golondrinas (Lago Puelo) -tras recibir un disparo en la cabeza por parte del Grupo de Operaciones Especiales (GEOP) de la Policía de Chubut-. La víctima padecía trastornos psiquiátricos, y la intervención judicial y policial no contempló el apoyo de psiquiatras ni especialistas para contenerlo antes de disparar. En ese operativo su pareja Claudia Costa Basso fue maniatada durante más de una hora. La familia con apoyo de la comunidad exige se investiguen los hechos y se identifiquen los responsables materiales y políticos.
Las denuncias contra Massoni datan de 2018, además de la represión de trabajadores estatales en la capital provincial, y su presencia en Comodoro Rivadavia siguiendo de cerca el desalojo de trabajadores docentes por parte de una patota, en ruta 3 y 26, se suman otros casos. Se menciona que el funcionario atropelló a Juan Altamiranta, cuando un grupo de trabajadorxs se movilizaron en su contra a las puertas de un canal donde estaba dando una nota. Pero además el 8 de abril de 2020, apenas iniciada la pandemia por COVID-19, se hizo público el audio enviado por el Secretario de Seguridad de la Policía de la provincia de Chubut, Paulino Gómez, al jefe de la comisaría 1ª de Trelew, comisario Zabala, donde le exigía detener personas, ya que no podía ser, según el propio Massoni, que esa comisaría no tuviese detenidos. De más está aclarar que Massoni no solo no se manifestó al respecto, sino que además dio su apoyo en su cargo a Gómez.
Las denuncias contra Massoni suman alrededor de treinta además de cerca de ciento cincuenta pedidos de juicio político que no avanzan o son paradas sistemáticamente. En este marco el funcionario provincial con uno de los perfiles más altos de la gestión Arcioni busca llegar al senado quizá también porque tarde o temprano las instituciones deben de límites a la impunidad dando lugar a estas denuncias penales y políticas, y Massoni sabe que deberá responder por ellas.
