El procurados general de Chubut, Jorge Miquelarena indicó que esperan implementar en el segundo semestre del 2017 una agencia exclusiva para delitos sexuales y de violencia de género. Para ello se concursarán 5 cargos, 3 serían para la Fiscalia de Comodoro Rivadavia.
Miquelarena viene trabajando en este proyecto hace varios años, aunque la imposibilidad de contar con un presupuesto judicial habría dilatado la puesta en funcionamiento de la agencia.
Con el presupuesto aprobado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) tendrá la facultad de realizar nuevos nombramientos y en este esquema toma mayor volumen la posibilidad de poner en funcionamiento este año una nueva oficina que trabajará exclusivamente en violencia de género y los delitos sexuales.
Para eso, habrá fiscales especializados por ciudades que monopolizarán estas cusas.
El presupuesto contempla el ingreso de 5 fiscales, pero aun resta determinar algunas cuestiones operativas. Según indicó Miquelarena al diario El Chubut se analiza si será «una sola agencia encargada tanto de los delitos de violencia de género como de delitos sexuales o si va a estar dividido en dos agencias. Eso dependerá de la disponibilidad de recurso humano».
En este marco, el Procurador sostuvo que tiene «identificados los perfiles de los fiscales. En Trelew por ejemplo la Fiscal que se ocupa habitualmente de estos temas es la doctora Silvia Pereira; en Comodoro la doctora Mónica García; y en Esquel la doctora María Bottini». Se trata de fiscales que ya están atendiendo estos temas, «pero la idea es darle exclusividad, porque hoy atienden estos temas pero mañana atienden un homicidio y pasado un robo», concluyó Miquelarena.
En Comodoro, el incremento de fiscales es una buena noticia, dado que actualmente hay un fiscal por cada 50 mil habitantes, según informó el jefe de Fiscales en Comodoro en ocasión de la movilización por seguridad y justicia del lunes pasado.
El anuncio de Miquelarena llega días después de que trascendiera públicamente, en Comodoro, un caso de violencia de género en el que la justicia había demorado su intervención para proteger a la víctima.
