El fiscal Federal Antonio Gómez analiza el fallo de la Corte Suprema de la Nación mediante el que rechazó un planteo de la minera y del gobierno provincial de San Juan y confirmó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, que pone límites a la actividad extractiva contaminante en las áreas protegidas. Para el fiscal el fallo no cierra todas las puertas.
Entre los fundamentos, los supremos recordaron que la norma tiene por objetivo proteger “los glaciares y al ambiente periglacial, como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”, y advirtieron que “ninguna interpretación es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución”.
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