Exigimos que se respete la paridad de género y la Ley Micaela en la designación de los postulantes a cubrir los cargos de los ministrxs del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Chubut.
En un marco de compromiso con el paradigma de los derechos humanos y la democracia, expresamos la necesidad de que haya ingresos equitativos dentro de la justicia, se garantice la carrera judicial sin sesgos de género; un mejor y mayor acceso a la justicia por parte de las mujeres y de otras personas discriminadas por su condición de género; y que sean eliminados los estereotipos de género de los fallos judiciales.
En este marco llamamos la atención sobre la pretensión del Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, de designar con urgencia las personas que cubrirían los cargos vacantes en el Superior Tribunal de Justicia. Hace una semana se dio a conocer una terna de tres personas, dos hombres y una mujer. Se debe considerar que son 8 los miembros del STJ: 6 ministrxs del STJ, un procuradorx general y defensorx general. Actualmente hay 3 cargos vacantes y pronto serán 4 -con la jubilación del actual Ministro Miguel Angel Donet-. Según trascendió -periodísticamente- para suplir las vacancias el gobernador Mariano Arcioni propondría la designación del actual procurador general de Santa Cruz, Ricardo Napolitani; la defensora de Comodoro Rivadavia, Iris Moreira; y el jefe de los fiscales de Puerto Madryn, Daniel Báez. El proyecto sería presentado en los primeros días del 2020.
De producirse esta designación el STJ quedaría conformado por 7 hombres y una mujer, considerando además al Procurador Miquelarena, y el Defensor General Sebastián Daroca.
Hace 60 años que la justicia en Chubut discrimina a las mujeres y diversidades y consideramos que esta situación se debe revertir, dado que afianza el patriarcado y el machismo en el Poder Judicial, y en el gobierno de Chubut.
La Constitución de la provincia de Chubut determina en el Artículo 164 que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, Procurador General y Defensor General se requiere ser ciudadano argentino, tener título de abogado y acreditar por lo menos doce años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura judicial. Por lo que las opciones de lxs profesionales que pueden ocupar el cargo son múltiples.
Las mujeres en el Poder Judicial no son garantía de género de ninguna manera, pero es preciso contar con más integrantes en el Poder Judicial porque la constitución de una sociedad democrática requiere de más mujeres en lugares de decisión. En ese marco tenemos que decir que exigimos que ellas resuelvan de acuerdo con los principios rectores de derechos humanos, y de la misma manera deben obrar los varones.
En este sentido exigimos que se apliquen los preceptos de la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política en Argentina, sancionada el 23 de noviembre de 2017 por la Ley Nº 27.412, en la designación de jueces y jueces. Esa norma establece que las listas de candidatos al Congreso de la Nación (diputados y senadores) y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas «ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente».
El objetivo de la ley es garantizar que exista paridad de género en los órganos legislativos, buscando que la cantidad de personas de los géneros femenino y masculino en dichos cuerpos sea aproximadamente la misma. La ley se apoya en el principio de participación equivalente por género, con fundamento en el marco básico de los derechos humanos, siendo parte de las reivindicaciones del movimiento feminista.
Sobre la postulación de Báez
En este contexto manifestamos nuestra preocupación por la designación de Báez como postulante considerando que es quien acusó al juez Laboral Paulo Köenig, quien reconoció con sus fallos los derechos laborales de los trabajadores estatales dependientes de la administración provincial de Chubut, frente al pago escalonado y los descuentos masivos.
Democratizar la designación
Es sabido que los organismos de control no cumplen su función en Argentina, en sus distintos estamentos, esto lo vemos reflejado con frecuencia en causas judiciales recientes. El hecho de que es el mismo poder ejecutivo quien presenta las ternas a elegir para suplir cargos en el Superior Tribunal evidencia la falta de independencia del poder judicial que tiene como misión central vigilar que se cumplan las leyes y sancionar los incumplimientos de las mismas.
Es por ello que exigimos también se modifique el sistema de elección de los jueces. Consideramos que la elección debe estar en manos de la ciudadanía a través del voto directo o en tal caso a través del Consejo de la Magistratura.
Finalmente como militantes por los derechos de las mujeres denunciamos hace años que la justicia no es accesible a la mayoría de la población y que es particularmente ciego ante los casos de violencia e incumplimientos vinculados a los Derechos Humanos en general. Por ello consideramos que la transformación del Poder Judicial debe ser urgente. Exigimos la formación de las y los agentes judiciales desde el paradigma de los Derechos Humanos y con perspectiva de género y que dichos enfoques estén presentes en la forma en que se realizan los procesos de selección al sistema judicial; la postulación y elección de integrantes de los consejos de las magistraturas; la gestión de los recursos; la garantía del acceso a la justicia de la ciudadanía; y la intervención de la sociedad civil en este rediseño.
Firmas en este link
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